El fallo del Tribunal Constitucional que resuelve el recurso del Partido Popular contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña viene a demostrar el correcto funcionamiento del Estado constitucional y de su órgano básico de garantía. Con su sentencia, el Tribunal cumple con su función de defensor de la Constitución y garantiza la adecuación del Estatuto catalán a la Constitución española. De esta forma, cuatro años después de su aprobación, el Estatuto ve reforzada su legitimidad con un pronunciamiento que despeja las fundadas dudas existentes sobre su constitucionalidad.
El Tribunal considera inconstitucionales catorce preceptos del Estatuto, y respecto a otros veintisiete declara su constitucionalidad en la medida en que sean interpretados tal y como él señala. De esta forma, el Estatuto catalán ve modificado el alcance de más de cuarenta de sus artículos, bien por la pura y simple anulación de sus disposiciones declaradas inconstitucionales, bien porque el Tribunal priva de efectos a las mismas sin llegar a anularlas (lo que ocurre con el Preámbulo), bien porque exige que sean interpretadas de forma opuesta a su sentido originario.
La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut está hecha con un hilo finísimo de bordar, por eso contenta a todos y a ninguno. Tras un trienio largo, por fin una sentencia que deja insatisfechos a algunos sectores catalanes, y moderadamente satisfechos al resto de los partidos que están fuera del arco nacionalista.
Desde posiciones nacionalistas catalanas consideran la sentencia una afrenta del Estado hacia Cataluña, porque cualquier sentencia que modificase el Estatuto no sería bien acogida.
Las críticas desde Cataluña, aunque no las compartamos, son legítimas, porque desde una posición nacionalista cualquier coma que se tocase del texto, no sería aceptada. Sus símbolos identitarios son los que sustentan las posiciones nacionalistas de Convergencia y Unió, de ERC y del propio PSC. Se corre el peligro de que los separatistas avancen en sus posiciones y logren mayor respaldo. Ahora Bien, España no se rompe, ese latiguillo que ha acompañado por toda España a los dirigentes del partido popular en sus actos públicos en todas las campañas ha dejado de tener sentido.
El presidente catalán, José Montilla, ha iniciado una ronda de contactos para diseñar la ofensiva contra la sentencia del Estatut. El primero en ser recibido fue el líder de CiU, Artur Mas, en un encuentro que sirvió para constatar que la ofensiva deberá esperar a que se conozca la sentencia en toda su amplitud, lo que provoca que la respuesta quede en «stand by».
Tal vez uno de los grandes dilemas de la historia de España haya quedado resuelto para los resto, y se haya pasado con más pena que gloria, pues tras todo este tiempo han sido demasiados los dardos que se han tirado desde uno y otro bando, no sólo al gobierno, sino al Tribunal Constitucional, que cualquier dictamen o sentencia que de él saliera siempre se tendría como partidista sectaria y manipulada por el gobierno.
Pero ahora la realidad es otra, y no es ni más ni menos, que ya tenemos sentencia del alto tribunal, y que las sentencias se pueden o no compartir, pero por supuesto siempre hay que cumplirlas y respetarlas.
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