El ministro Alberto Ruiz-Gallardón pretende subordinar, según las asociaciones de jueces, el poder judicial al ejecutivo, y para ello, en un gesto sin precedentes, no ha tenido recato ensuspender la vigencia de dos artículos de una Ley vigente, para que el próximo Consejo General del Poder Judicial nazca tan despojado de funciones como él ha diseñado.
Fuentes del actual Consejo, a quien Ruiz-Gallardón ha remitido su proyecto de suspensión legal, no dudan en tachar la maniobra del ministro de "propia de una República bananera".
El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de Ley que no propone ni dispone ni deroga nada, ya que su única finalidad es la suspensión de la vigencia de dos artículos de la actual Ley del Poder Judicial, para conseguir, según reconoce el propio Ministerio de Justicia, que la próxima renovación del Consejo del Poder Judicial se realice de acuerdo a la reforma actualmente en tramitación, que es rechazada por todas las asociaciones de jueces y por el actual CGPJ.
Si no se suspendieran esos artículos, la renovación del Consejo debería comenzar el próximo 24 de marzo, según las previsiones de la Ley en vigor, es decir, seis mese antes de cuando debe culminarse --el 24 de septiembre--.
La vocal Margarita Robles califica de "excepcional e insólita" la maniobra de Gallardón
La vocal del Consejo Margarita Robles, ponente de un informe muy crítico con la reforma del CGPJ que propone el Gobierno, considera "excepcional, insólito e incomprensible" en un Estado de Derecho el procedimiento de suspensión de una ley, máxime en el contexto de una batería legislativa que pretende "poner obstáculos a los jueces en un momento tan impotante en la lucha contra la corrupción".
Para Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia, la decisión de Ruiz-Gallardón trata de "una forma anómala de regular las instituciones básicas del Estado. No es normal que se dicten unas normas de este tipo para posibilitar que entré en vigor otra ley que subordina el poder judicial al político".
"De alguna manera --considera este juez-- se vulnera el funcionamiento y organizacióón de las instituciones, ya que parte de la hipotesis de que se aprobará una futura ley, en abuso de laprepotencia de un Gobierno que cuenta con mayoría absoluta en el Congreso, y que considera que por ello puede hacer cualquier cuadratura para salirse con la suya".
Según Bosch, Ruiz-Gallardón, "debería no haber llevado adelante la reforma del Consejo sin el consenso que aconseja la división de poderes. Pero ya que ha decidido sacarla adelante, debería haberlo hecho a su tiempo y sin acudir a suspensiones poco decorosas".
Joaquim Bosch, de JpD, cree que la reforma debilitará al poder judicial que debe combatir la corrupción
Este portavoz no tiene duda de que el proyecto de nuevo Consejo del Poder Judicial "pretende subordinar a los jueces al poder político para limitar su independencia, lo que conducirá a tener un poder judicial más débil en un momento en que es especialmente relevante para hacer frente a la corrupción y el resto de problemas asociados a la crisis. Es un golpe a las relaciones de equilibrio entre las instituciones del Estado".
El Pleno del Consejo del Poder Judicial analizará esta semana el informe, aprobado por unanimidad de su Comisión de Estudios, que rechaza la reforma propuesta por Ruiz-Gallardón, al entender que "desapodera" de funciones al órgano de gobierno de los jueces para otorgárselas al Gobierno, en "claro menoscabo" de la independencia judicial, "lo que podría tener el pernicioso efecto de colocar al Poder Judicial y a sus miembros en una relación de subordinación con respecto al Poder Ejecutivo".
El informe rechaza además, por dudosamente constitucional, que 14 de los vocales del próximo Consejo se mantengan en servicio activo en sus funciones de jueces, fiscales, abogados o procuradores.
Asimismo, critica el mecanismo ideado por Gallardón para sortear un posible desacuerdo con el PSOE que impidiera la mayoría cualificada que prevé la Ley para renovar el Consejo. La reforma establece que la constitución del nuevo Consejo se realice sólo con los diez vocales votados en una de las cámaras parlamentarias --el Congreso debe elegir a diez, y el Senado, a otros diez--. De esa forma, el próximo Consejo podría constituirse sólo con los diez vocales designados por la Cámara alta, donde el PP sí tiene mayoría suficiente.
"La fórmula que permite la constitución de un nuevo Consejo con los diez vocales de la Cámara que hubiera procedido a la renovación, sin esperar al nombramiento del total de los veinte vocales, podría resultar contrario a los designios constitucionales de que sean veinte los vocales, y que éstos sean nombrados en unidad de acto por el rey mediante real decreto", señala el dictamen del actual Consejo.
