El Gobierno Andaluz aprobó ayer el proyecto de Ley de Aguas, que comenzará su tramitación parlamentaria el próximo mes con el objetivo de que entre en vigor a principios de 2010, esta ley permitirá que Andalucía cuente por primera vez con un marco normativo propio para la gestión de sus recursos hídricos después de que haya culminado el traspaso de las competencias sobre las cuencas hidrográficas de la región.
La ley, basada en el Acuerdo Andaluz por el Agua suscrito el pasado 3 de febrero, presta una especial atención a asignar los usos del agua conforme a las prioridades de reactivación económica, creación de empleo y cohesión territorial. Entre sus principales novedades, el proyecto incorpora la creación de bancos públicos de agua, que permitirán adquirir el recurso en zonas excedentarias para emplearlos en otros usos, facilitando así una distribución más ajustada a las necesidades de cada zona.
A través de ellos, la administración podrá realizar ofertas públicas de adquisición de derechos de uso para mejorar el estado ecológico, constituir reservas para los fines previstos en la planificación hidrológica y ceder recursos a las entidades supramunicipales o a otros usuarios. Dentro del nuevo marco de asignación de usos, la futura ley flexibilizará el régimen de las concesiones de agua, que actualmente no permite la entrada a nuevos usos incluso en el caso de que éstos ofrezcan mayor rentabilidad social y económica que los ya autorizados. El plazo máximo se reducirá de 75 a 20 años, salvo si la inversión necesaria requiere un periodo de amortización más largo.
En los regadíos, las concesiones se revisarán tras los proyectos de modernización que se lleven a cabo, con el fin de liberar recursos. Respecto a la regulación del ciclo integral del agua, el nuevo texto reconoce el mantenimiento de las competencias de las entidades locales sobre abastecimiento y depuración.
Para que el proyecto haya visto la luz ha sido necesario un largo camino y peregrinar de borradores que se han ido trabajando día a día, para poder llegar a un principio de consenso como el que se ha llegado.
Y ha sido el Consejo Consultivo de Andalucía el que le ha dado el último tirón de orejas a la Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, para que retirara del borrador del anteproyecto, el artículo 48 que hacia que el mercadeo del agua se convirtiera a partir de la aprobación de la ley en una práctica habitual, por no ajustarse al ordenamiento jurídico, y dejando vacío de contenido el banco público del agua, como garante del buen uso del recurso y la transacciones que del mismo se hicieran, entre los usuarios de las distintas demarcaciones hidrográficas.
Andalucía tiene una oportunidad histórica, que no debemos desaprovechar, y este es el primer paso para que la administración Andaluza del Agua, se convierta en una Administración moderna, ágil y eficaz, al servicio de lo público y de los ciudadanos, para que los favoritismos y la oscurantez que en otros tiempos pudiera presentar esta, pasen a formar parte del pasado y de otros tiempos que ya es mejor no recordar.
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