En el día de
ayer entraba en vigor la nueva Ley de tasas judiciales por medio de la cual se
han de fijar una serie de tasas para el acceso a la justicia de cualquier
ciudadano que tenga necesidad de acudir a ella, por cualquier motivo tenga que
pasar primero por taquilla, y si no compra la entrada pues se quedara sin poder
ejercer un derecho que está amparado por nuestra Constitución de 1.978, y que
ahora casi con un fraude de ley vienen a arrebatarlo de un plumazo.
Ya va a ser una
tarea difícil de cumplir lo que dispone el artículo 24 de la Carta Magna y
poder seguir ofreciéndoles a todas las personas su derecho que tienen a obtener
la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e
intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.
Realmente esta Ley deja vacío de contenido este artículo de la Constitución,
pues ahora habrá muchas personas que no podrán iniciar un proceso judicial y
por consiguiente invocar la tutela judicial y efectiva, por no poder hacerle
frente a estas tasas.
Son miles los
ejemplos que hemos podido ver estos días, en internet, en la televisión, y la
radio o en la prensa escrita, pero me ha llamado mucho la atención el del Tetrapléjico
por un accidente de tráfico cuando era ocupante de un vehículo que sufre un
accidente por el que se queda tetrapléjico y reclama a las compañías
aseguradoras 1,3 millones de euros. Interponer la demanda le cuesta 6.050
euros; si tiene que recurrir en apelación, otros 6.550, y si tuviese que llegar
al Tribunal Supremo, 6.950 euros. El total
de la tasa: 19.550 euros, y eso sin saber si ganara o perderá el pleito.
O el propietario
de una vivienda quiere que se arregle la terraza de donde proceden las
filtraciones. No se sabe cuánto va a costar. La póliza de seguros de hogar, que
garantiza la defensa jurídica gratuita, no cubre la tasa y si lo hace, es a
costa de duplicar la prima del seguro. Total tasa: 450 euros.
El rechazo
social más generalizado que tiene y ha tenido esta Ley, ya que nadie está de
acuerdo con ella, desde Abogados pasando por Jueces, Secretarios Judiciales, o
Fiscales, le tiene que hacer reflexionar al Gobierno y a su Ministro de Justica,
pues con tasazos como estos no se llega nada más que a aumentar la brecha de
desigualdades entre las diferentes clases de este país, pues el Gobierno de
Rajoy sigue sumando en propiciar desigualdades de la ciudadanía española. Ahora
ya tampoco somos iguales ante la Justicia.
Se trata de una
Ley injusta, desproporcionada y posiblemente inconstitucional. Hecha solo para
ricos, que serán quienes dispongan de bastante dinero para demandar y recurrir
ante los Tribunales. Me estoy refiriendo a montantes económicos muy relevantes
que van a afectar a cientos de miles de ciudadanos de clase media a los que,
con la nueva Ley de Tasas, no se les va a otorgar el beneficio de “justicia
gratuita” y carecerían, sin embargo, de recursos económicos suficientes para litigar.
Esperemos que
ahora los que tienen potestad de recurrir esta Ley ante el tan criticado
Tribunal Constitucional, ejerzan esa potestad que tramitado recurso o cuestión
de inconstitucionalidad, sea este Tribunal el que venga a poner cordura en todo
esto y expulse esta Ley de nuestro Ordenamiento Jurídico, para que un derecho
tan fundamental como la tutela judicial y efectiva, que tenemos los ciudadanos
Españoles consolidado desde que se aprobó la Constitución de 1.978, no se vea
ultrajado con esta Ley.
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