REFORMA EDUCATIVA

Esta última semana, los políticos andan enfrascados en una nueva reforma de la Ley de educación. Reforma que no atino ya a saber cual es o que número hace desde que se instauró la democracia en España. Reforma que se empecina el Gobierno en sacar a su capricho con el sólo apoyo de su mayoría absoluta, imponiendo su voluntad y sin consenso alguno por su parte. Reforma con la que el Ministro de Educación se echa a las manos de la Iglesia Católica recogiendo en él sus viejas y rancias reivindicaciones  con respecto a la asignatura de religión. Reforma que castiga la enseñanza pública frente a la escuela concertada o privada.

El sistema educativo debería garantizar el principio de igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos y ciudadanas. Ello implica, no solamente que todo ciudadano o ciudadana debe alcanzar una instrucción y una educación básica y suficiente para defenderse en la vida y ejercer como ciudadano libre y con criterio, sino también que la promoción de las élites sociales se debe realizar con independencia del origen cultural y la condición social de cada cual. Debe ser un elemento importante para propiciar la cohesión social, cohesión que supone la coordinación de intereses y el compartir objetivos fundamentales entre los diversos grupos sociales. En relación con la profundización de la idea de solidaridad, debe tratar de manera desigual al que es desigual, o dicho de otra forma, el sistema deberá compensar con todo tipo de medida y recursos las desigualdades culturales, sociales o personales, para que todos tengan la posibilidad de progresar en su educación y en su instrucción. El sistema ha de ser, por si mismo, una pieza clave de progreso social; debe preparar a los estudiantes para poder realizar una transición positiva y con posibilidades al mundo del trabajo y la producción.

Cinco leyes educativas en 50 años. Si es verdad que necesitamos una reforma del sistema educativo, esta ha de hacerse con todas las garantías de que sea sostenible en el tiempo. Y para ello ha de abrirse un proceso de diálogo sosegado y profundo con la comunidad educativa, profesorado, estudiantes, familias, etc. y con todas las fuerzas políticas, también con las administraciones autonómicas. Y ese proceso, sencillamente, no se está produciendo. Ni un buzón de correo electrónico puede suplantar un diálogo abierto y transparente, ni una unilateral nota de prensa escamotear la proyección pública de lo que debieran ser los foros compartidos de análisis y debate.

No puede ser que a cada partido que llegue al Gobierno, quiera imponer su propia Ley Educativa, haciendo borrón y cuenta nueva con todo lo anterior y cambiando de pies a cabeza todo el sistema, importándoles un bledo los usuarios del mismo. No puede ser que con cada reforma el partido que sustenta el Gobierno quiera poner su sello de ideología y adoctrinamiento a una sociedad. No puede ser que en pleno siglo XXI se potencie mucho más una enseñanza de corte religioso que la escuela laica que nos impone nuestra Constitución.

La educación es algo muy serio, es algo que marca el futuro de muchos aspectos de nuestra sociedad y no se puede jugar con ella de la manera que los políticos de turno lo hacen, pero claro está para de verdad llegar a un sistema educativo eficaz hay que dejarse muchos pelos en la gatera y se tiene que propiciar un gran pacto político que nos lleve a una Ley de Educación que nazca desde el  consenso de todos y que perdure en el tiempo por encima de las alternancias de gobiernos.