ACTAS QUE VIENEN Y VAN

Todos habremos visto transportar un gran armario gris, donde dice el Gobierno de la Junta de Andalucía, que estaban las actas de los consejos de gobierno de los últimos diez años, para entregárselas a la Jueza del caso de los EREs fraudulentos en Sevilla. Pues Bien ahora la Audiencia provincial de Sevilla a ordenado que se devuelvan a la Junta de Andalucía las actas de los Consejos de Gobierno de la última década, al dejar sin efecto la medida adoptada por la juez que investiga los ERE irregulares de que se custodiasen en sede judicial. Los magistrados de esa sección de la Audiencia consideran que procede estimar los recursos de la Fiscalía y la Junta, que alegaron que esa medida no era "necesaria ni proporcional al fin perseguido", por lo que dejan "sin efecto" lo acordado cautelarmente por la juez en relación a la custodia de las actas.

En un auto contra el que no cabe recurso ordinario alguno, notificado este miércoles a las partes personadas en el procedimiento, la Audiencia Provincial de Sevilla estima los recursos interpuestos por la Junta de Andalucía y por el Ministerio Público, que había recurrido el auto dictado el 4 de abril de 2011 por la juez en el extremo relativo a la adopción de la medida cautelar acordada en el mismo, alegando que esta medida "no es necesaria ni proporcional al fin perseguido, careciendo el auto de motivación que justifique la misma", argumentos que coinciden "en esencia" con los alegados por el letrado de la Administración autonómica.

Si el tema tenía ya de por sí bastante morbo, ahora ha subido un peldaño importante en la atención colectiva. Lo que hasta hace poco se circunscribía, ya era bastante, a una investigación judicial para descubrir presuntos comportamientos penales en la administración del dinero público, ahora es más, mucho más. Porque ahora, además de lo anterior, y como consecuencia de ello, se plantea todo un grave conflicto entre el poder judicial, encarnado en este caso por la juez Alaya y el poder político, representado por la Junta de Andalucía. A esto condujo la negativa de la Junta a entregar a la juez las actas de las sesiones del Consejo de Gobierno celebradas en los últimos diez años. Aduciendo, por un lado, la obligatoriedad del secreto de estas sesiones y, por otro, que la juez no motiva suficientemente su petición, y que de una manera categórica le da la razón ahora en este auto la Audiencia Provincial de Sevilla.

No hace falta ser un lince para darse cuenta de que lo que quiere la magistrada es saber si el Consejo de Gobierno tuvo, o no tuvo, conocimiento de las advertencias sobre la infracción de los procedimientos. Esa es la cuestión. Y la Junta sabe lo que la juez quiere, como también sabe, o debe saber, si lo que la juez busca está o no en las actas de la discordia.

Y ahora volveremos a ver como las actas en ese armario gris vuelven al lugar donde salieron, y ha esperar que se resuelva el conflicto de jurisdicción planteado por la Junta, por que una causa general y sumaria es ajena al Derecho contemporáneo y al Estado democrático, en el que sólo se instruyen causas concretas y precisas a personas determinadas.