El Gobierno andaluz ha dado luz verde este martes al
anteproyecto de ley de garantías y sostenibilidad del sistema sanitario
público, una norma pionera en España que tiene como principal objetivo blindar
la sanidad pública y que, entre otras medidas, determina expresamente que en
ningún caso se establecerán sistemas de copago para las prestaciones de la
cartera complementaria de servicios en el ámbito de competencias autonómicas. Se
trata de proteger un derecho irrenunciable de la ciudadanía, que está recogido
en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía.
Decisiones como estas son las que realmente marcan la
diferencia entre un partido progresista y otro conservador, de tal manera que las
políticas socialdemócratas sólo se defienden de esta manera, protegiendo y
ayudando a los más desfavorecidos, para que poco a poco se vaya consiguiendo la
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean
reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su
plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida
política, económica, cultural y social.
El objetivo de esta ley es garantizar el derecho a acceder a
una sanidad pública sostenible y de calidad a cualquier persona que la precise,
independientemente de sus circunstancias sociales y económicas, y bajo los
principios de universalidad, equidad, solidaridad social e igualdad. Así, entre
otras medidas se establece que en ningún caso se aplicarán sistemas de copago
para las prestaciones sanitarias. Copago que en muchas ocasiones está
provocando que los pacientes dejen de recibir uno u otro tratamiento, de tal
manera que poco a poco se pueden ir viendo excluidos del sistema público de
salud.
Para Andalucía es una gran noticia que el sistema público de
salud, sigua siendo un sistema público, de tal manera que la ciudadanía
andaluza pueda acceder a él siempre en las mismas condiciones sin importar la
situación económica que tenga en cada momento. Esto se trata simple y
llanamente de apuntalar uno de los pilares básicos del estado del bienestar,
para que en ningún momento, ningún gobierno regional, sea del color que sea
pueda recortar derechos de manera encubierta con el copago sanitario.
En los tiempos actuales nuestro Sistema Sanitario Público no es
otra cosa que una gigantesca máquina de producción de servicios de salud. El
volumen de los recursos presupuestarios implicados en este colosal aparato
alcanza cifras descomunales que sobrepasan significativamente a cualesquiera
otros servicios públicos, incluidos los educativos. Gobernar con excelencia
este macrosistema se ha convertido en un gran desafío, considerando la magnitud
creciente de las necesidades latentes en las poblaciones beneficiarias, y el
siempre limitado techo de los medios humanos, materiales, financieros y
organizativos disponibles. En esencia la tarea de gobierno de un sistema
sanitario público consiste en alcanzar una situación futura deseada para ese sistema
sanitario público, a partir de una situación presente. Para lograr esa
transición es preciso seleccionar o decidir las respuestas adecuadas a tres
interrogantes en cadena: ¿Qué hacer?-¿Cómo hacerlo?-¿Cuándo hacerlo? Tales
respuestas constituyen la estrategia o la política a implantar y controlar por
parte del sistema sanitario público, haciendo así una sanidad mucho más pública
y un sistema al alcance de todo el mundo. Empezando por ello a marcar la
diferencia entre las distintas fuerzas políticas.
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