En estos frenéticos días de campaña electoral catalana, todos hemos podido
escuchar sobre todo del bloque independentista que estas elecciones no son unas
elecciones al uso, en la que se elija al Parlamento Catalán, y al Gobierno de
la Generalitat. Sino que según ellos, se tratarían de unas elecciones
plebiscitarias en las que se determinará la situación de Cataluña como Estado independiente,
el cual a partir del 27 de septiembre, no tenga nada que ver con el Estado
Español, formando un país totalmente distinto que romperá amarras con España en
todas sus vinculaciones.
Pero uno se para a analizar lo que esto significaría, y comienza a darse
cuenta que si prospera el independentismo, tendrá consecuencias de hondo
calado. Que de entrada, de la noche a la mañana aparecería un nuevo Estado en
Europa que no forma parte de la Unión Europea, ni por supuesto de la zona Euro.
Estaríamos ante un nuevo Estado en el que a buen seguro necesitaríamos de
pasaporte, para poder entrar, cambiar nuestros euros por su moneda propia
cuando viajáramos a él. Un país en el que sus empresas deberían cumplir con
unos cupos y aranceles aduaneros, Un país que al no formar parte de la Unión
Europea, no podría utilizar el acervo comunitario como lo puede estar haciendo
hasta llegado el 27 de septiembre.
Llegados a este punto, pienso yo que
sí ya no es un Estado perteneciente al Unión Europea, si ya es un país
extranjero, todo eso tendría un coste que al fin y al cabo tendrían que asumir
la ciudadanía Catalana. Un coste que podría llegar a ser bastante elevado y del
que nadie nos ha llegado a informar con exactitud a cuánto podría ascender.
Porque de entrada Cataluña dejaría de recibir fondos comunitarios, sus
agricultores y ganaderos no cobrarían ayudas de la PAC, no habría fondos del
Feader para infraestructuras ni financiación por parte de la UE para cualquier
tipo de proyecto. Puesto que el artículo 50 (de los tratados de la Unión)
establece que toda separación de la UE exige un proceso de negociación y por
tanto, parece indicar que la no pertenencia inmediata es muy problemática. Un
coste demasiado excesivo que le llevaría años a los Catalanes y Catalanas poder
sobreponerse y de alguna manera levantar cabeza.
Dejando aparte que una Cataluña independiente estaría peor económicamente,
el propio proceso plebiscitario está generando una inestabilidad que está
perjudicando considerablemente las expectativas económicas y de inversión en la
comunidad autónoma. Además, el momento no puede ser más inoportuno ya que el
entorno económico europeo no parece muy favorable. Si, además, la separación
fuera real, los efectos sobre la economía catalana podrían ser considerables.
Cataluña se contraería y el colapso económico podría ser considerable
fundamentalmente porque una parte de las empresas radicadas allí se irían. La
actividad empresarial no se mueve por sentimentalismos nacionalistas sino por
motivos económicos y sociales y desde el momento en que se hiciera efectiva la
independencia las empresas catalanas tendrían que luchar para hacerse un hueco
en los mercados internacionales. Esta situación de reducción de la producción
dificultaría la solvencia del sector público catalán y llevaría a un
desequilibrio de las cuentas públicas. Primero, porque los ingresos se
contraerían por la menor actividad económica que generaría la deslocalización
de las empresas, lo que disminuiría las bases imponibles y, como consecuencia,
la recaudación fiscal.
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