Tras el acuerdo entre PSOE y
Ciudadanos, ha saltado a la palestra el papel que juegan las Diputaciones ante
la sociedad, poniéndose de manifiesto que son instituciones inservibles y que
no tiene objeto el seguir manteniéndolas, pues se tratan de unas instituciones
con más de dos siglos de existencia y ya toca liquidarlas, porque al parecer para
lo único que sirven es para hacer clientelismo político y crear círculos de
poder en torno a ellas, por parte del partido que las venga gobernando.
Nada más lejos de esa realidad, pues
las Diputaciones cumplen un papel fundamental para la sociedad, y mucho más
para la sociedad del medio rural, sobre todo de los pueblos menores de veinte
mil habitantes, donde mantener una serie de servicios que son básicos para la
población, les sería prácticamente imposible, por no decir de un elevado coste,
que al final terminarían pagando los vecinos y vecinas, a los cuales se les
haría inviable el poder vivir en estos pueblos. En primer lugar por la carencia
de servicio, y en segundo lugar por el incremento económico que le supondría.
Y que, dicho sea de paso, junto a los
ciudadanos, que han sido víctimas y no culpables de esta historia. Por eso
urge, efectivamente, regenerar la democracia, pero no siempre la solución está
en suprimir sino en mejorar. Y este caso de las Diputaciones. Los problemas de
la España rural no son fáciles de explicar, ni de entender, ni de atender. En
la ciudad las cosas se ven de otra manera porque son de otra manera. Y hoy por
hoy, a falta de una administración comarcal que algunos soñamos, es la
Diputación Provincial la que hace el quite a los pequeños municipios.
La provincia está regulada en el
artículo 141 de la Constitución Española de 1978, configurándose como un nivel
de gobierno local caracterizado por la agrupación de municipios, sin perjuicio
de su configuración también como división territorial para el cumplimiento de
las actividades del Estado. La garantía institucional de la autonomía provincial
ha sido reiteradamente puesta de relieve por la jurisprudencia constitucional.
En ese mismo artículo se recoge la previsión de que “el gobierno y la
administración autónoma de la provincia estará encomendada a Diputaciones u
otras Corporaciones de carácter representativo”.
Soy un convencido de la importancia
fundamental que esta institución tiene para la provincia como prestadora y
coordinadora de una extensa cartera de servicios que incluye, entre otros, la
asistencia y a asesoría a entidades locales, la administración electrónica, el
planeamiento, la gestión y recaudación tributaria, la extinción de incendios,
la mejora de las infraestructuras urbanas vías y obras, de equipamientos, el
arreglo de caminos o la prestación de servicios sociales como la
teleasistencia, la teleformación, las ayudas para la generación de empleo en
las cooperativas y la agricultura, como aquellas que pretenden diversificar en
nuestra provincia los cultivos alternativos al olivar, además de otros
servicios de turismo, cultura y deporte. Asimismo, desde la diputación
provincial se convocan numerosos planes de ayudas diseñados a medida para los
municipios, tanto para la mejora de los equipamientos locales y de los
servicios básicos, como para el fomento del empleo y las necesidades que se
detectan en los municipios. Es por ello por lo que las Diputaciones son más
necesarias que nunca, son administraciones provinciales que de no existir
habría que inventarlas.
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