INHIBICIÓN DE LA JUEZ AYALA

Esta semana hemos conocido la posibilidad de la inhibición de la Juez Ayala en la 'caso ERE'. La magistrada ha tomado esta decisión después de que el pasado 30 de julio la Audiencia Provincial de Sevilla rechazara la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que el 'caso ERE' se dividiera en piezas separadas. Este caso se ha convertido en uno de los asuntos judiciales de mayor relevancia de los últimos años, contado con preimputados como los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que serían aforados ante el Supremo al ser miembros de las Cortes (el primero diputado y el segundo senador), y otras cinco personas, exconsejeros de la Junta de Andalucía.

Ahora al Tribunal supremo le toca decidir que tendrá que hacer con esta macrocausa en la que hay más de 200 imputados. Sí la divide por piezas separadas o sí la tramita como un único sumario con todas las consecuencias que eso conlleva, por tan abultado caso y la complejidad que el mismo puede presentar a la hora de terminar la instrucción por parte del Alto Tribunal y la correspondiente vista oral que se tendría que celebrar.

Voces muy expertas mucho más que la de este simple abogado, aconsejan que este caso se divida en piezas separadas para su mejor y mayor manejabilidad y agilidad procesal. Opinión que comparto plenamente, pues en aras de la presunción de inocencia y de salvaguardar los Derechos Constitucionales de todos los imputados, debemos pensar en algo tan simple, como que si hay algo más de doscientos imputados, tendremos algo más de doscientos abogados en el Juicio que por supuesto cada uno querrá hacer su interrogatorio particular a los acusados y a los testigos, querrá aportar las pruebas que en defensa de su patrocinado o patrocinada estime convenientes, para hacer valer su inocencia, en definitiva seria un caso que llevaría meses y meses juzgarlo y de alta complejidad en su manejo procesal.

Ciertamente desde el inicio de esta investigación del  caso de los Expediente de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos, que investiga el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, ha tenido un tufillo con marcados tintes políticos, sin olvidar que  ha sido, aparentemente, uno de los mayores escándalos de corrupción registrados en los treinta años de autonomía andaluza. Puesto que el ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero fue encarcelado el 9 de marzo de 2012, el mismo día de comienzo de la campaña electoral para las elecciones autonómicas del 25 de marzo, y su chófer fue encarcelado el día 21, cuatro días antes de la cita electoral. Durante los 16 días de campaña surgieron otras noticias desde el juzgado (la imposición de una fianza de 686 millones de euros a Guerrero, la declaración como imputado ante la Guardia Civil del exdirector general de Trabajo Juan Márquez, la citación como imputado del exconsejero de Empleo Antonio Fernández) que tuvieron su correspondiente cobertura informativa en los medios andaluces. En las fechas de celebración de la campaña electoral, siete ex altos cargos de la Junta de Andalucía habían sido imputados (entre ellos un ex consejero de Trabajo) y el montante del fraude había sido cifrado por la Fiscalía Anticorrupción en 933 millones de euros a través de 617 ayudas sociolaborales y 270 ayudas directas a empresas.

Por ello es por lo que toda esta causa necesita una investigación a fondo un juicio con todas su garantías procesales, del tal manera que podamos saber toda la verdad de lo allí ocurrido y que realmente paguen con arreglo a la ley, los que algún delito hayan cometido por el uso fraudulento de este tipo de ayudas.